Reforma penal juvenil: respaldo mayoritario y rechazo del peronismo sanjuanino
La iniciativa establece penas de hasta 15 años y destina $23.000 millones para adecuación de infraestructura en todo el país.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. La votación evidenció una fuerte división entre los representantes de San Juan.
Los diputados peronistas Jorge Chica y Cristian Andino fueron los únicos legisladores de la provincia que rechazaron la iniciativa durante el debate en el recinto. En contraposición, acompañaron el proyecto los diputados alineados con el presidente Javier Milei —José Peluc y Abel Chiconi— junto a los representantes cercanos al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón y Carlos Jaime.
Desde el bloque de Unión por la Patria, Chica y Andino argumentaron que la reforma implica un retroceso en materia de derechos y no ataca las causas estructurales de la criminalidad juvenil. En ese sentido, señalaron que la baja de la edad de punibilidad no resuelve problemáticas de fondo como la exclusión social, la falta de acceso a la educación y la ausencia de políticas integrales de contención.
El proyecto aprobado introduce cambios sustanciales al sistema actual: fija un tope máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y establece que la prisión efectiva se aplique solo en casos de delitos graves, con escalas penales superiores a los diez años. Para el resto de las infracciones, se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias y la reparación del daño, bajo el principio de que el encierro debe ser el último recurso.
No obstante, este esquema de resocialización fue uno de los principales puntos cuestionados por los diputados peronistas sanjuaninos, quienes advirtieron sobre la falta de condiciones reales para su aplicación.
La iniciativa también prevé una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos para que la Nación y las provincias adecuen sus infraestructuras penitenciarias en un plazo de seis meses. Desde la oposición, consideraron que el monto es insuficiente para garantizar espacios diferenciados para menores y un acceso efectivo a programas de salud, educación y reinserción social, y alertaron que el costo final podría recaer sobre las arcas provinciales en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
