El Gobierno avanza en la privatización de empresas públicas: "El Estado no debe ser empresario"

El Ejecutivo supervisa 59 compañías estatales y acelera la presentación de balances para concretar su venta.

El Ejecutivo ha decidido acelerar el proceso de privatización de empresas públicas, con un objetivo claro: "desprenderse de todo". Bajo la premisa de que "el Estado no tiene que ser empresario", el flamante titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, ha sido designado para supervisar la venta de 59 sociedades, incluyendo emblemáticas firmas como Aerolíneas Argentinas y ARSAT. Este drástico giro, impulsado por el ala más liberal del gobierno y respaldado ideológicamente por Javier Milei, genera expectativas, pero también despierta intensas críticas.

El plan del gobierno es llevar estas compañías al mercado lo antes posible, con la promesa de agilizar balances y licitaciones. Sin embargo, la tarea no es sencilla: varias empresas, como Casa de la Moneda y ARSAT, no presentan balances aprobados desde hace años. Aun así, el Ejecutivo busca reducir el déficit de cada una y convertirlas en sociedades anónimas, antes de su salida a la Bolsa. "La idea es empezar con aquellas que ya funcionan como sociedades anónimas, para luego expandir la venta", comentan fuentes internas.

Chaher, quien responde directamente a Santiago Caputo, está enfocado en la venta de activos clave, como IMPSA, una empresa de tecnología estratégica con sede en Mendoza. Sin embargo, el proceso se enfrenta a múltiples barreras políticas, técnicas y sindicales, que han puesto en alerta a los trabajadores. "Quieren vender, pero mantener una mayoría estatal, lo cual es confuso y contradictorio", señala el líder de un sindicato estatal.

Mientras el gobierno apura el paso, la presión crece. Los gremios se preparan para una nueva ronda de protestas, y sectores de la oposición denuncian que esta privatización podría significar la entrega del patrimonio estatal a capitales extranjeros. "Es un camino sin retorno", advierten desde la izquierda. Pero en la Casa Rosada, la privatización parece más una cuestión de principios: el Estado dejará de ser empresario, aunque el costo político y social sea alto.

¿Qué pasará con estas empresas estratégicas? ¿Estamos ante el comienzo de una transformación estructural o el preludio de una crisis aún mayor?