El día después de la protesta: el oficialismo denuncia un intento de golpe de Estado
El Ejecutivo respaldó la represión policial y advirtió que aplicará la ley con mayor dureza
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la movilización realizada ayer en el Congreso, en reclamo por los haberes de los jubilados, estuvo organizada con la intención de desestabilizar al Gobierno. Según el funcionario, la presencia de militantes políticos y barras de clubes de fútbol generó los disturbios y enfrentamientos que marcaron la jornada. Además, criticó la decisión judicial de liberar a la mayoría de los detenidos y aseguró que aplicarán la ley “con más fuerza” si se repiten este tipo de manifestaciones.
Acusaciones de desestabilización
En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, Francos afirmó: “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer: la generalización de la violencia. Esta marcha estuvo organizada al grito de 'que se vayan todos', lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”.
Durante la protesta, que se realiza habitualmente los miércoles, se registraron enfrentamientos con la Policía, destrozos, heridos y un saldo de 124 detenidos. Entre los heridos, se encuentra un fotoperiodista que recibió un impacto en la cabeza y lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía. A diferencia de otras ocasiones, la movilización contó con la presencia de grupos de barras bravas y militantes políticos que atacaron a las fuerzas de seguridad.
Defensa del accionar policial y críticas a la Justicia
Desde el Ejecutivo consideran que la oposición está utilizando estas protestas para intentar desestabilizar la gestión. “No encuentran un elemento para poder cuestionar a un gobierno que está buscando soluciones y con el cual la mayoría de los argentinos está de acuerdo y buscan este camino, a partir del uso de la violencia. La represión policial es lo que corresponde para mantener el orden”, insistió Francos.
Asimismo, el jefe de Gabinete respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el accionar de la Policía Federal durante los disturbios. “Este tipo de manifestaciones no van a lograr alterar el orden público. Los violentos que insistan con este tipo de protestas van a ser reprimidos como corresponde”, aseguró. En este sentido, enfatizó que “no pueden usar armas, tirar piedrazos, romper todo y dejar un tendal de daños para hacer una manifestación”.
Francos también denunció que en la protesta hubo personas armadas con armas de fuego, tumberas y cuchillos, además de utilizar piedras contra la Policía. Adelantó que la Policía Federal está trabajando en la identificación de los responsables de los disturbios para que sean denunciados judicialmente.
Polémica por la liberación de detenidos
El jefe de Gabinete también cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien dispuso la liberación de 71 hombres y 23 mujeres detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, lamentó.
En su resolución, Andrade argumentó que la protesta involucró sectores vulnerables, como los adultos mayores, quienes tienen derecho a manifestarse en democracia. “He analizado la información brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, explicó la magistrada.
Escalada de tensiones
La jornada de protesta y sus consecuencias han elevado la tensión entre el Gobierno y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre la organización y el objetivo de la movilización. Desde el oficialismo insisten en que no permitirán intentos de desestabilización y que se aplicará la ley con mayor rigurosidad en caso de que se repitan hechos similares. Mientras tanto, el debate sobre el derecho a la protesta y los límites de la represión policial continúa generando polémica en el ámbito político y social.
