Profundizan la desregulación económica: se derogaron 16 normas
La Secretaría de Industria y Comercio apunta a agilizar los trámites y mejorar la seguridad jurídica
El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación de 16 resoluciones económicas vinculadas al comercio, la industria y el consumo que, según la Secretaría de Industria y Comercio, habían quedado obsoletas o sin sustento jurídico tras cambios normativos recientes. La medida se formalizó mediante la Resolución 12/2026 y forma parte de una estrategia más amplia para simplificar el marco regulatorio y reducir la burocracia estatal.
Según el Ejecutivo, muchas de las normas eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos legales que ya no están vigentes, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que han perdido su objeto y aplicabilidad. Entre las resoluciones derogadas se encuentran normas que regulaban el control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones y programas de fomento al consumo, entre otras.
La Secretaría de Industria y Comercio explicó que la acumulación de regulaciones redundantes había generado superposición, desactualización y dispersión de normas, lo que dificultaba a empresas y ciudadanos saber qué disposiciones continuaban vigentes y generaba incertidumbre jurídica. Con la eliminación de estas normas, el Gobierno busca que el Estado se enfoque en normativas relevantes y prioritarias y pueda brindar respuestas más rápidas y claras.
La medida se inscribe en el marco de un proceso de simplificación regulatoria más amplio, que incluye la denominada Ley Hojarasca, ya con media sanción en la Cámara de Diputados, y que propone la derogación de decenas de leyes consideradas obsoletas o incompatibles con el actual esquema normativo. Si bien la resolución actúa sobre normas de rango reglamentario, la ley en debate apunta a eliminar también leyes con rango superior.
El Gobierno sostiene que la actualización del marco regulatorio facilitará la actividad económica, reducirá cargas burocráticas y mejorará la seguridad jurídica para empresas y consumidores, en un contexto donde la simplificación normativa es uno de los pilares de su agenda económica.
