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Policía Federal citado a indagatoria por gasear a una niña durante protesta

Cristian Rivaldi está imputado por agredir a una menor y su madre con gas lacrimógeno en la manifestación de jubilados del 11 de septiembre. La polémica escala a niveles políticos.

Policía Federal citado a indagatoria por gasear a una niña durante protesta

Cristian Rivaldi está imputado por agredir a una menor y su madre con gas lacrimógeno en la manifestación de jubilados del 11 de septiembre. La polémica escala a niveles políticos.

El juez federal Sebastián Ramos citó este miércoles a declaración indagatoria a Cristian Rivaldi, el policía de la Policía Federal Argentina que arrojó gas lacrimógeno a una niña de 10 años durante la manifestación de jubilados del 11 de septiembre de 2024. La cita fue programada para el próximo martes 6 de mayo a las 10 de la mañana, y el efectivo podrá designar abogado propio o recurrir a un defensor oficial.

El caso ha generado una gran polémica, especialmente luego de las declaraciones iniciales de figuras del Gobierno, que intentaron desviar la responsabilidad hacia los manifestantes. El fiscal Eduardo Taiano ha imputado a Rivaldi por el uso "desmedido e injustificado" del gas lacrimógeno contra la madre y su hija, quienes se encontraban sentadas en la vía pública, sin ejercer ningún tipo de resistencia. La agresión dejó a la niña con conjuntivitis química y provocó malestares en su vista.

Desde el principio, las versiones del Gobierno intentaron limpiar la imagen de la Policía, con Javier Milei y Patricia Bullrich a la cabeza. El Presidente, Javier Milei, intentó justificar lo ocurrido, acusando a los manifestantes de haber arrojado la sustancia contra la niña, basándose en un video confuso y manipulado. Sin embargo, las imágenes finalmente demostraron que un efectivo de la Policía Federal fue el responsable de la agresión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también intentó desviar la atención, culpando a la madre de la niña por "irresponsable y violenta", pero el video que evidencia la acción de la Policía dejó claro el error en su versión. Ante la contundencia de la prueba, el Gobierno ha optado por el silencio, evitando abordar públicamente el escándalo.

Este hecho no solo expone el uso indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, sino que también pone en evidencia la falta de responsabilidad del Gobierno, que al principio intentó manipular la información para encubrir la agresión. Mientras tanto, la Justicia avanza en la causa y el caso promete seguir generando polémica en los próximos días.

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