¿Pacto de impunidad en Angaco? Denuncia penal tras la maniobra para frenar el juicio
La fiscal Silvina Gerarduzzi denunció penalmente al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales que avalaron el acuerdo para intentar frenar el juicio por malversación de fondos.
La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi denunció penalmente al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales del departamento por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras considerar ilegal el acuerdo que intentaron utilizar para frenar el juicio por malversación de fondos que debía comenzar la semana pasada.
La presentación, radicada en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, también alcanza a los ediles Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, quienes aprobaron una ordenanza que avaló un acuerdo conciliatorio impulsado por el jefe comunal con el objetivo de evitar el debate oral en su contra.
El acuerdo bajo la lupa
Según fuentes judiciales, Castro ofreció una reparación económica de 5 millones de pesos, a donar a Cáritas del departamento, como mecanismo para eludir el proceso penal. El planteo fue presentado ante el tribunal con el respaldo del Concejo Deliberante y a través de su defensa técnica.
Para la fiscal Gerarduzzi, tanto el intendente como los concejales avanzaron sobre atribuciones que no les competen, invadiendo facultades propias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. En su denuncia, calificó la maniobra como institucionalmente grave y dejó planteada la sospecha de un eventual pacto de impunidad entre el Ejecutivo municipal y la mayoría del cuerpo legislativo.
El tribunal de juicio, integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, resolvió suspender el inicio del debate para analizar el acuerdo y requerir la opinión formal del Ministerio Público. Tras evaluar la propuesta, la fiscal no solo anticipó su rechazo, sino que avanzó con una denuncia penal contra los funcionarios involucrados.
Votación dividida y nuevas imputaciones
La ordenanza fue tratada en sesión extraordinaria y aprobada por mayoría simple con los votos de De los Ríos, Paredes y López. El concejal Andrés Olivera votó en contra, mientras que la edil Gloria Herrera se abstuvo.
En su presentación, Gerarduzzi también atribuyó a los ediles los presuntos delitos de encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública, al entender que intentaron favorecer al intendente para evitar que sea juzgado. Además, cuestionó la viabilidad legal de aplicar la reparación integral del daño en casos de delitos contra la administración pública y advirtió sobre la falta de precisiones respecto del origen y destino efectivo de los fondos ofrecidos.
Una causa iniciada en 2019
La investigación contra Castro se remonta a fines de 2019, cuando concejales denunciaron que el entonces intendente habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas. Según la acusación, una retroexcavadora del municipio y empleados comunales fueron destinados a tareas de compactación de suelo en un terreno ajeno a la comuna.
El expediente sufrió diversas demoras. El procesamiento quedó firme a mediados de 2022 y ese mismo año la fiscal Claudia Salica solicitó la elevación a juicio. Finalmente, la causa fue remitida a la Cámara Penal y el debate estaba previsto para la semana pasada, hasta que el tribunal resolvió postergarlo ante la presentación del acuerdo.
Castro, quien regresó a la intendencia tras imponerse en las elecciones de 2023, siempre sostuvo su inocencia y afirmó que la causa responde a una disputa política interna. No obstante, la investigación judicial entendió que existen elementos suficientes para sostener su presunta responsabilidad.
Los delitos imputados —malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad— contemplan penas de entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de una condena firme, el jefe comunal podría verse obligado a dejar su cargo.
