Más de 170 denuncias, demoras de hasta cinco meses y un entramado sin responsables claros
La UFI de Estafas avanza de forma preliminar en una causa que podría derivar en una investigación penal compleja y con múltiples querellas.
El escándalo por las denuncias contra una concesionaria de motos del centro sanjuanino sigue creciendo y, pese al avance de las presentaciones judiciales, el eje de la investigación continúa envuelto en un fuerte misterio: quiénes son los verdaderos responsables detrás de la presunta estafa que ya suma más de un centenar de damnificados.
Tras la masiva concentración de personas frente a Tribunales, registrada este martes por la mañana, comenzaron a circular nombres vinculados al comercio investigado, ubicado en Avenida Rioja y 25 de Mayo y actualmente custodiado por efectivos policiales. Sin embargo, fuentes con acceso a la causa advierten que las personas señaladas públicamente no serían quienes manejaban el negocio.
En redes sociales y en algunas denuncias aparecen los nombres de Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega, identificados como representantes de Branka Motors. Dos de ellos fueron quienes salieron a dialogar con los manifestantes durante la protesta realizada en las puertas del local, donde el clima se tornó tenso y derivó en agresiones verbales y físicas, lo que obligó a la intervención policial para evitar una escalada del conflicto.
A pesar de ello, desde el entorno de la investigación relativizan su rol. “No serían los verdaderos responsables”, confió una fuente cercana a las actuaciones, al indicar que los mencionados figurarían únicamente como empleados o intermediarios, mientras que la identidad de los propietarios reales de la firma aún no pudo ser determinada.
Consultada por este diario, la abogada penalista Filomena Noriega, representante de un importante grupo de denunciantes, confirmó que el número de presentaciones ronda las 170 denuncias. Ante la magnitud del caso, la Fiscalía dispuso que quienes deseen denunciar lo hagan en las comisarías correspondientes a sus domicilios, con el objetivo de ordenar y sistematizar la recepción de reclamos.
En ese marco, el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, resolvió aplicar un esquema similar al utilizado en investigaciones de estafas masivas, como ocurrió con causas vinculadas a la venta irregular de terrenos. Se estima que se recibirán entre 10 y 12 denuncias diarias hasta febrero, lo que anticipa un proceso extenso y de alto impacto judicial.
Para la letrada, “esto recién comienza”, aunque advirtió que uno de los principales obstáculos será individualizar a un responsable penal concreto. Según explicó, los nombres que aparecen en la atención al público no coincidirían con quienes habrían tomado las decisiones comerciales de fondo.
La investigación también se vio atravesada por un episodio ocurrido días atrás, cuando un presunto damnificado intentó retirar una motocicleta por la fuerza y terminó detenido. El caso fue tramitado en el sistema de Flagrancia y, al no avanzar sobre el trasfondo comercial del conflicto, tampoco permitió esclarecer quiénes están realmente detrás de la firma cuestionada.
Por el momento, la UFI de Estafas y Delitos Informáticos avanza en una etapa preliminar de análisis de las denuncias y, aunque aún no hay imputaciones, fuentes cercanas a los denunciantes aseguran que existen elementos suficientes para dar inicio a una Investigación Penal Preparatoria (IPP), con la participación de numerosos abogados querellantes.
Las presentaciones judiciales coinciden en señalar incumplimientos reiterados en los plazos de entrega de motos ya abonadas, con demoras que van desde 40 días hasta cinco meses, montos que superan los 1.200.000 pesos, ofrecimientos de vehículos de menor valor y promesas incumplidas de reintegro de dinero.
Mientras la causa da sus primeros pasos, el hermetismo sobre los verdaderos responsables persiste y todo indica que el caso seguirá sumando capítulos en los próximos días en Tribunales.
