Le pusieron “Colapinto” en el prontuario y la Justicia ordenó eliminarlo
Carlos Molina fue desvinculado definitivamente de una causa por un choque fatal en Capital.
Después de casi un año y medio de incertidumbre judicial, Carlos Luciano Molina, de 27 años, quedó definitivamente desvinculado de la investigación por la muerte de un trabajador de delivery ocurrida en Capital. El juez de Garantías Pablo León dictó su sobreseimiento total y definitivo luego de que la investigación determinara que no tuvo responsabilidad penal en el choque. Las pericias accidentológicas permitieron establecer que la maniobra que desencadenó el siniestro habría sido realizada por la propia víctima.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 11 de noviembre de 2024, en la intersección de Nuche e Hipólito Yrigoyen, en Capital. Molina circulaba a bordo de una Toyota Hilux cuando chocó contra la motocicleta conducida por Rodolfo Fabián Lucero, de 52 años, quien trabajaba como delivery y murió en el lugar como consecuencia del impacto. En un primer momento, los investigadores analizaron la posibilidad de que Molina hubiera cruzado el semáforo en rojo, pero los estudios técnicos realizados posteriormente descartaron esa hipótesis.
La investigación, encabezada por el fiscal coordinador Iván Grassi, determinó que Lucero habría realizado una maniobra “antirreglamentaria e intempestiva”, que incluyó el adelantamiento de otros vehículos, la invasión del carril contrario y un giro prematuro hacia la izquierda. A esto se sumó el resultado de la autopsia, que estableció que el motociclista tenía 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. Por su parte, Molina dio negativo en los controles de sustancias realizados durante la investigación.
Pero el caso tuvo además un capítulo llamativo relacionado con el procedimiento policial. Cuando Molina fue fichado al comienzo de la causa, el personal de la fuerza le asignó en su planilla prontuarial el apodo “Colapinto”, un dato que quedó asentado en un documento oficial. Su defensora oficial, Sandra Lorena Sánchez, cuestionó la utilización del sobrenombre y lo calificó de “ofensivo”, por lo que solicitó formalmente que fuera eliminado.
El juez León hizo lugar al pedido y ordenó borrar el alias de los registros oficiales del joven. De esta manera, la resolución judicial no solo puso fin de forma definitiva a la causa penal en su contra, sino que también dispuso retirar de su prontuario el apodo que le había sido asignado durante las primeras actuaciones del caso.
