La Justicia extenderá la investigación por el escándalo del Acueducto Gran Tulum
Los fiscales buscan profundizar la pesquisa sobre presuntas irregularidades en una obra que costó 200 millones de dólares y nunca fue terminada.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumará un nuevo capítulo en los próximos días. El Ministerio Público Fiscal de San Juan solicitará una prórroga de otros 90 días hábiles para continuar reuniendo pruebas y profundizar la pesquisa sobre una de las obras hídricas más cuestionadas de los últimos años en la provincia.
La causa está en manos de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes avanzan sobre el proceso administrativo, licitatorio y la compra de materiales utilizados en el proyecto que comenzó durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, pero que nunca fue concluido.
La investigación se encuentra próxima a completar los primeros 90 días hábiles previstos por el sistema acusatorio, motivo por el cual los funcionarios judiciales pedirán una extensión de los plazos debido a la complejidad del expediente y a la necesidad de seguir produciendo pruebas.
Una obra millonaria inconclusa
El Acueducto Gran Tulum fue financiado en dos tramos: el 50% mediante un préstamo internacional proveniente de Kuwait y Australia, mientras que el otro 50% fue aportado por el Estado nacional durante el gobierno peronista.
Pese a los más de 200 millones de dólares comprometidos para la obra —100 millones destinados a materiales y otros 100 millones a la obra civil— el proyecto quedó inconcluso y actualmente la provincia continúa afrontando la deuda internacional.
En ese contexto, la Justicia intenta determinar si existió un perjuicio económico contra el Estado y si hubo maniobras de corrupción vinculadas a la contratación y utilización de materiales.
La mira puesta sobre los caños
Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a la empresa Krah América Latina S.A., adjudicataria de la licitación realizada en 2018 para la provisión de tuberías. Según consta en la causa, se habrían pagado al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
El apoderado de la firma era Gustavo Monti, fallecido recientemente y señalado como posible representante o intermediario local de la compañía alemana. Además, la investigación también analiza presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
De acuerdo a los datos incorporados en el expediente, las tuberías instaladas podrían no haber sido aptas para el transporte de agua potable. Incluso, se investiga si los materiales utilizados contenían insumos potencialmente tóxicos para el consumo humano.
Desde la actual gestión provincial aseguran que unos 10 kilómetros de caños ya colocados debieron ser retirados, lo que habría significado una pérdida cercana a los 50 millones de dólares.
La denuncia y la querella de la provincia
La causa judicial se originó tras la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó que se investigaran posibles irregularidades en la licitación y ejecución de la obra.
En la presentación también se hizo referencia al vínculo familiar entre Gustavo Monti y el exgobernador Sergio Uñac.
Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno de San Juan decidió presentarse como parte querellante en el expediente, buscando impulsar la investigación y determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales continúa recolectando documentación, pericias y testimonios para esclarecer si existió malversación de fondos, irregularidades en las contrataciones o utilización de materiales fuera de norma en una obra que, pese a la millonaria inversión, todavía permanece inconclusa.
