José Castro, entre la Justicia y la casta

El intendente de Angaco apuesta a un pago millonario para frenar el juicio por presunta malversación y el Concejo lo respalda.

En Angaco no se discute solo un expediente judicial, sino un modelo de poder. El juicio oral contra el intendente José Castro fue suspendido tras la presentación de una reparación integral de 5 millones de pesos, una maniobra que podría evitarle enfrentar el debate público por las acusaciones de haber utilizado maquinaria y personal municipal en beneficio propio.

La figura es legal. Pero el mensaje político es otro.

Porque cuando un funcionario acusado de malversar fondos públicos ofrece dinero para cerrar una causa antes del juicio, la pregunta es inevitable: si no hubo irregularidad, ¿qué se está reparando?

El Concejo Deliberante actuó con velocidad quirúrgica. En una sesión exprés, con escasa difusión, avaló el acuerdo con mayoría ajustada. Tres votos bastaron para blindar políticamente al jefe comunal. La escena alimenta la idea de una estructura que se protege a sí misma cuando el poder está en riesgo.

Desde la defensa citaron como antecedente el caso del expresidente Alberto Fernández, quien cerró la causa conocida como Olivosgate mediante un pago económico. La comparación no es inocente: apunta a instalar que no puede haber doble vara.

Sin embargo, el trasfondo es más profundo. La reparación integral evita el juicio, pero no despeja la sospecha. Y en política, evitar una sentencia no siempre equivale a limpiar la responsabilidad ante la sociedad.

Hoy el tribunal debe decidir si acepta el acuerdo. Pero en la opinión pública, el daño ya está hecho: la imagen que queda es la de un dirigente que, con respaldo institucional propio, intenta cambiar el juicio por un cheque.

Y eso, para muchos vecinos, tiene un nombre: casta.