Imputaron por abuso sexual a un exportero del Ministerio de Educación en Santa Lucía
Peña es investigado por atacar a dos jóvenes trans tras engañarlas con falsas ofertas de mercadería y trabajo.
Un hombre de 65 años, identificado como Jorge Luis Peña, comenzó a ser investigado formalmente por la Justicia sanjuanina tras ser denunciado por dos jóvenes de la comunidad LGBTIQ+. El sospechoso, quien se desempeñó como portero del Ministerio de Educación y se presenta en redes sociales como entrenador de hockey sobre patines, está acusado de atraer a sus víctimas mediante engaños para luego someterlas sexualmente en su domicilio de Santa Lucía.
La investigación, impulsada por la fiscal Claudia Ruíz Carignano y el ayudante fiscal Omar Galiano de la UFI CAVIG, detalla dos ataques ocurridos entre octubre y noviembre pasados. Según la acusación, Peña utilizaba su cercanía con las familias de las víctimas para ofrecer supuesta ayuda solidaria o falsas oportunidades laborales. En el primer caso, engañó a una joven de 18 años con la entrega de bolsones de mercadería; una vez que ella ingresó a la vivienda, el hombre cerró la puerta con llave, la manoseó e intentó violarla por la fuerza, hasta que los gritos de auxilio de la víctima lo obligaron a liberarla.
Poco después, el imputado habría repetido el patrón con una amiga de la primera denunciante. En esta ocasión, la excusa fue una supuesta búsqueda de personal para trabajar en la Fiesta del Sol. Bajo el pretexto de presentarle a un socio, la hizo entrar a su casa y procedió a atacarla físicamente. La joven logró dar aviso a una amiga por teléfono mientras permanecía encerrada, lo que finalmente forzó al agresor a dejarla salir del domicilio.
Durante la audiencia de formalización, la fiscalía subrayó que Peña se aprovechó deliberadamente de la vulnerabilidad de las jóvenes para atentar contra su integridad. Por su parte, el acusado optó por no declarar. Pese a la gravedad de los hechos, la jueza de garantías Celia Maldonado dispuso que el hombre permanezca en libertad mientras dure la investigación penal preparatoria, que tiene un plazo de un año. No obstante, se le impuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con las denunciantes y sus familias para garantizar la seguridad de las víctimas.
