Dos proyectos de ley para modernizar el transporte en San Juan llegan a la Cámara de Diputados
El Ejecutivo propone una reforma integral que deroga la normativa vigente, mientras que el proyecto impulsado por Eduardo Cabello se limita a regular taxis, remises y aplicaciones.
Este jueves ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Modernización y Transparencia del Transporte Público de Personas y Cargas, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca transformar de manera integral todo el sistema provincial, desde taxis y remises hasta colectivos, aplicaciones digitales y transporte de cargas. Pero no será el único texto en discusión: ya se encuentra en trámite un proyecto alternativo, presentado por el diputado justicialista Eduardo Cabello, que nació del trabajo con remiseros y taxistas, y que plantea una regulación más acotada.
La diferencia central está en el alcance. El proyecto de Cabello propone una reforma puntual a la Ley 814-A, vigente desde hace años, para regular exclusivamente el transporte no regular de pasajeros (taxis, remises, transporte escolar). Por el contrario, el proyecto oficialista plantea una derogación completa de la normativa existente y su reemplazo por un marco único, integral y transparente, que abarque tanto el transporte regular como el no regular, y a la vez incorpore al sistema a las plataformas digitales.
En su espíritu, la propuesta del Ejecutivo apuesta a la innovación: reconoce a las aplicaciones móviles —con o sin conductor— como intermediarios legales responsables ante el Estado y los usuarios, e incorpora la posibilidad de habilitar vehículos eléctricos, híbridos, autónomos y líneas experimentales. Se trata de un salto hacia un modelo de transporte con visión de futuro.
En cambio, el proyecto de Cabello se enfoca en ordenar el presente. Establece un registro obligatorio para las apps de transporte, exige seguros y licencias profesionales para los choferes, geolocalización y trazabilidad, y fija un tope del 40% de participación respecto a taxis y remises. Además, propone la creación de una Comisión Consultiva Intersectorial integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, gremios y cámaras empresariales, con el fin de controlar la aplicación de la norma, erradicar la informalidad y diseñar campañas de movilidad segura.
Pese a estas diferencias de enfoque, ambos proyectos coinciden en exigir condiciones básicas de seguridad, higiene y mantenimiento de los vehículos, capacitación para los conductores, seguros obligatorios, cumplimiento de normas de tránsito y obligaciones tributarias.
En resumen, mientras la iniciativa del Gobierno provincial propone una transformación estructural y de largo plazo para todo el sistema de transporte, la presentada por Cabello apuesta a una regulación puntual y equilibrada que limite la expansión de las aplicaciones, proteja a los subsistemas tradicionales y garantice competencia leal. El debate en comisiones será clave para determinar si prevalece una visión integral o una solución más inmediata y focalizada.
