De lesiones a homicidio: imputación más grave para chofer que atropelló a ciclista
Tras el fallecimiento de la víctima, la fiscalía solicitó la ampliación de la investigación y la reestructuración de los cargos.
La Justicia de San Juan imputó este miércoles a un colectivero por el homicidio culposo de Hilda Analía Martínez, la ciclista que había resultado gravemente herida tras ser atropellada a mediados de mayo en la localidad de Marquesado, en Rivadavia, y que falleció días después debido a la gravedad de sus lesiones.
El accidente ocurrió el 20 de mayo de 2026, alrededor de las 13:00 horas, en la intersección de Soldado Argentino y Galíndez. Según las investigaciones, un colectivo de la Línea 123 de la Red Tulum, conducido por Andrés Valeriano Bustos, circulaba de Este a Oeste por Soldado Argentino cuando, al llegar a un cruce en “T”, colisionó con Martínez, que transitaba en bicicleta de Sur a Norte.
Investigación y autopsia
Tras el impacto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención bajo “código rojo”. El parte médico legista reveló un traumatismo craneoencefálico grave, politraumatismos, edema cerebral severo y hemorragia subdural, que derivaron en muerte cerebral. Martínez falleció días después de la internación.
Inicialmente, Bustos había sido imputado por lesiones, pero tras los resultados de la autopsia, el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano solicitaron al juez de Garantías que el caso pase a investigarse como homicidio culposo, por considerar que la conducta del chofer fue imprudente y negligente.
Circunstancias del siniestro
De acuerdo con las pericias, Bustos no respetó la obligación legal de detener su vehículo y ceder el paso en la intersección. Aunque los controles policiales confirmaron que no conducía bajo los efectos del alcohol (alcoholemia 0.0 g/l), la gravedad de la situación motivó la ampliación de la imputación.
Actualmente, el conductor se encuentra libre bajo estrictas medidas coercitivas, mientras la Investigación Penal Preparatoria (IPP) continúa con un plazo de un año para completar las indagaciones.
