De condenado por abuso a sospechoso de amenazas de bomba
El joven había recibido en abril una pena de tres años en suspenso. Ahora lo acusan de ser uno de los responsables de llamadas falsas al 911 que generaron alarma en una escuela.
La jueza de Garantías, Carolina Parra, ordenó 30 días de prisión preventiva para un joven de 20 años al considerarlo posible coautor de tres falsas amenazas de bomba en la escuela Ejército de los Andes, ubicada en el barrio Sierras Moradas de Rawson. Los hechos ocurrieron el 17, 18 y 19 de abril pasado y también está implicado un adolescente de 16 años, que permanece detenido.
La medida se dictó a pedido del fiscal Alejandro Mattar y del ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes sostuvieron que varios testigos y alumnos señalaron al joven como uno de los responsables de los llamados al 911 y de un video publicado en redes sociales en el que se mostraba la maniobra. Al momento de la detención, el menor entregó el celular desde el cual se habrían realizado las amenazas y declaró que su cómplice lo utilizó para concretar los llamados, además de intimidarlo para que no lo delatara.
La defensa, encabezada por Iván Román Martín, reclamó la libertad del imputado alegando que el teléfono involucrado no era de su propiedad. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo y le recordó que podía optar por una defensa pasiva o presentar su propia investigación con pruebas.
La imputación incluye los delitos de intimidación pública y amenazas agravadas, por haberse cometido de manera anónima y con la participación de un menor de edad. La magistrada aclaró que las amenazas quedan subsumidas en el delito de intimidación, aunque igualmente dio lugar al planteo fiscal.
El acusado ya había sido condenado el 1 de abril a tres años de prisión condicional por dos abusos simples, lesiones, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial contra una vecina. Ahora, la Justicia dispuso además que no se difunda su identidad ni su imagen, dado que podría ser sometido a una rueda de reconocimiento. La investigación tendrá un plazo de cuatro meses para determinar la responsabilidad de los sospechosos.
