Castro intenta evitar el juicio y la Fiscalía lanza una dura advertencia
En una audiencia caliente, el Ministerio Público habló de “fuero de impunidad” si se avala la conciliación aprobada por el Concejo Deliberante.
La causa judicial que tiene como imputado al intendente de Angaco, José Castro, vivió este viernes una jornada cargada de tensión en Tribunales. En una audiencia clave, la defensa del jefe comunal solicitó la nulidad del proceso impulsado por el Ministerio Público Fiscal, mientras que la Fiscalía cuestionó con firmeza el acuerdo político que intentaba cerrar la causa y advirtió que podría generar un precedente de impunidad. El tribunal decidió postergar la definición y fijó una nueva audiencia para el próximo 20 de marzo.
Castro, investigado por presunta malversación de fondos públicos del municipio, compareció ante los jueces para respaldar el acuerdo de conciliación que fue aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco. La estrategia de su defensa apunta a que ese entendimiento permita extinguir la acción penal y evitar que el caso llegue a juicio oral.
Durante la audiencia, el abogado defensor Marcelo Fernández pidió que se declare la nulidad del trámite impulsado por la Fiscalía y que el proceso quede suspendido hasta que se determine la validez del acuerdo legislativo.
“El trámite no debería continuar. El acuerdo de conciliación y reparación fue expresado mediante una ordenanza del Concejo Deliberante, que es la forma institucional de manifestar su voluntad”, sostuvo el letrado ante el tribunal.
Además, la defensa puso en duda el accionar del Ministerio Público Fiscal y señaló que resultó llamativa la rapidez con la que se promovió la denuncia penal luego de que el Concejo aprobara el acuerdo. En ese contexto, insistió en que Castro se puso a disposición de la Justicia y defendió la legalidad del mecanismo impulsado desde el Ejecutivo municipal.
La respuesta del Ministerio Público fue contundente. La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi rechazó el planteo y sostuvo que en delitos vinculados a la administración pública no corresponden salidas alternativas como la conciliación.
“El bien jurídico protegido es el funcionamiento normal del Estado y su patrimonio. El intendente es un garante del interés público”, expresó durante su exposición.
La fiscal también advirtió sobre el impacto institucional que podría tener habilitar este tipo de acuerdos en casos de presunta corrupción. “Permitir estas conciliaciones genera un fuero de impunidad mediante acuerdos políticos para evitar el juicio”, afirmó.
En la misma línea, cuestionó la intervención del Concejo Deliberante en el caso. Según explicó, ese cuerpo legislativo no tiene facultades para otorgar una suerte de “perdón” en un proceso penal que involucra recursos públicos, ya que se trata de un conflicto entre un funcionario y el orden público.
Gerarduzzi remarcó además que el caso reviste una “gravedad institucional manifiesta”, dado que Castro continúa ejerciendo funciones como intendente tras haber sido reelecto. “Quien administra recursos públicos y es acusado de hacerlo de forma irregular debe dar explicaciones a la comunidad que le dio su voto de confianza”, señaló.
La controversia se originó cuando, antes del inicio del juicio oral, Castro envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación con el objetivo de cerrar el proceso penal. La propuesta contemplaba una donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación.
El proyecto fue aprobado en una sesión extraordinaria con el respaldo de los concejales oficialistas, mientras que un edil votó en contra y otra concejal optó por abstenerse. Con esa mayoría simple, el acuerdo obtuvo aval legislativo y luego fue presentado ante la Justicia por la defensa del intendente.
El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026, pero el tribunal decidió suspender su inicio hasta definir si el acuerdo de conciliación tiene validez legal o si la causa debe continuar su curso hacia el debate oral.
Ahora, los jueces deberán analizar los planteos de ambas partes y emitir una resolución en la audiencia programada para el 20 de marzo. Hasta entonces, el futuro judicial del intendente de Angaco seguirá envuelto en un clima de fuerte disputa política y judicial.
