
Avanza una causa contra la gestión anterior: allanamientos en Obras Públicas
Desde el gobierno de Orrego pusieron a disposición toda la documentación requerida por la Justicia.
Este lunes por la mañana, la Justicia de San Juan realizó allanamientos en oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicadas en el Centro Cívico, en el marco de una causa penal que investiga posibles delitos vinculados a contrataciones directas efectuadas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.
El procedimiento se llevó adelante por orden de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, que habilitó a la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan a ingresar a distintas dependencias del área de Obras Públicas con el objetivo de secuestrar documentación considerada relevante para la investigación.
Según se informó, se incautaron expedientes originales relacionados con contrataciones directas, en especial aquellos correspondientes a la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, así como documentación administrativa que podría encontrarse en otras oficinas del sector.
La Justicia busca determinar si existieron delitos contra la propiedad, como defraudaciones o estafas en perjuicio del Estado, a partir de presuntas irregularidades en los procesos de contratación. Entre el material secuestrado se encuentran planillas de Cómputo y Presupuesto con firmas atribuidas a Roberto Enrique Aguirre, quien figura como Maestro Mayor de Obras, documentación que será clave para el avance de la causa.
Desde la actual gestión provincial, encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, se informó que se puso a disposición de la Justicia toda la documentación requerida, con el objetivo de facilitar la investigación y esclarecer los hechos ocurridos durante el anterior gobierno peronista.
La causa se encuentra en una etapa inicial y continúa enfocada en la recolección y preservación de pruebas, las cuales permitirán al Poder Judicial evaluar eventuales responsabilidades administrativas y penales, y confirmar o descartar la existencia de irregularidades en el uso de recursos públicos y en los procedimientos de contratación del Estado provincial.