Autorizan a San Juan a cobrar peajes en rutas nacionales
El Gobierno nacional delegó facultades a nueve provincias para financiar obras viales mediante concesiones.
A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional autorizó a San Juan y a otras ocho provincias a implementar el cobro de peajes en tramos de rutas nacionales con el objetivo de financiar obras viales.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto N° 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, donde se establece la delegación de facultades a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz para otorgar concesiones de obra pública por peaje.
Según el texto, las provincias podrán administrar, reparar, ampliar y mantener rutas nacionales dentro de su territorio mediante concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Sin embargo, se aclara que esta delegación es de carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y que no implica la transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción federal sobre las rutas.
En este nuevo esquema, los gobiernos provinciales tendrán un rol clave: estarán facultados para elaborar los pliegos licitatorios, convocar a oferentes, adjudicar concesiones y definir las tarifas de peaje, así como también supervisar la ejecución de las obras.
Por su parte, Vialidad Nacional mantendrá funciones de control técnico y exigirá a las provincias la presentación de un plan de obras detallado, con cronograma de ejecución, justificación técnica, esquema de financiamiento y condiciones económicas del contrato, incluyendo el valor máximo del peaje y el plazo de concesión.
El decreto también establece que los fondos recaudados a través del peaje deberán destinarse exclusivamente al tramo intervenido, sin posibilidad de ser utilizados en otras obras o rutas, aun cuando estén vinculadas.
Con esta decisión, el Gobierno nacional impulsa un cambio en la gestión de la infraestructura vial, descentralizando responsabilidades hacia las provincias, que pasarán a tener mayor protagonismo en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales dentro de sus jurisdicciones.
