Angaco: solicitaron seis meses de investigación para el intendente y tres ediles
La defensa del intendente José Castro sostiene que no hubo delito y pidió frenar la investigación hasta que se resuelva el planteo de conciliación.
La situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, volvió a quedar en el centro de la escena tras una audiencia cargada de tensión en Tribunales. Allí, la Fiscalía solicitó avanzar con seis meses de investigación penal preparatoria contra el jefe comunal y tres concejales que lo acompañaron en la aprobación de un acuerdo de conciliación que buscaba evitar que el mandatario enfrente un juicio por presunta malversación de fondos públicos.
Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía sostuvo que existen elementos suficientes para abrir una investigación y planteó que Castro habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En la misma línea, el representante del Ministerio Público también pidió investigar a los concejales Roberto López, Alberto de los Ríos y Alejandro Paredes, quienes avalaron la ordenanza vinculada al acuerdo de conciliación. En su caso, la acusación se sustenta en los presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
El planteo de la Fiscalía generó un fuerte contrapunto con las defensas. El abogado de Castro, Marcelo Fernández Valdez, junto al defensor de los ediles, Leonel García, rechazaron de plano las acusaciones y afirmaron que los hechos investigados no configuran ningún delito.
Además, los letrados solicitaron que se suspenda el pedido de apertura de la investigación hasta que se resuelva el próximo 20 de marzo el planteo de reparación integral y conciliación presentado por Castro en la causa principal en la que está procesado por presunta malversación de fondos.
Ante las posiciones enfrentadas de la Fiscalía y la defensa, el juez Gerardo Fernández Caussi resolvió pasar a un cuarto intermedio de hasta tres días para analizar los planteos realizados durante la audiencia y tomar una decisión sobre cómo continuará el proceso.
La resolución del magistrado será clave para determinar si se habilita la investigación penal solicitada por la Fiscalía o si el expediente queda en suspenso a la espera de la definición sobre el acuerdo de conciliación impulsado por el intendente.
