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Amenazas de bomba: Fiscalía de Estado iniciará demandas civiles a los responsables

Además de las causas penales, se iniciarán juicios por daños y perjuicios, incluso de forma retroactiva a los 16 casos registrados en 2025.

Amenazas de bomba: Fiscalía de Estado iniciará demandas civiles a los responsables

Además de las causas penales, se iniciarán juicios por daños y perjuicios, incluso de forma retroactiva a los 16 casos registrados en 2025.

La Fiscalía de Estado de la Provincia anunció este martes que, ante la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, se impulsarán demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables de estas conductas. La medida será paralela a los procesos penales que ya se llevan adelante en la Justicia.

Demandas retroactivas

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que las acciones alcanzarán no solo a los autores directos de los llamados, sino también a quienes tengan responsabilidad parental sobre los involucrados. Además, destacó que las demandas se aplicarán de manera retroactiva:

“Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes”.

De este modo, se iniciarán procesos civiles contra los responsables de los 16 casos registrados en lo que va del año.

Intervención en casos de menores

En las situaciones donde se detecte la participación de menores de edad, se pedirá la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. El objetivo es garantizar un abordaje integral que no solo contemple la sanción legal, sino también la dimensión socioeducativa.

Según adelantó la Fiscalía, la intervención incluirá a los gabinetes técnicos de la Dirección y a los entornos familiares, vecinales y sociales de los menores, de acuerdo a cada caso.

Una respuesta firme

Con esta decisión, el Gobierno provincial busca enviar un mensaje claro: las amenazas de bomba no quedarán impunes y quienes las realicen, o sus responsables legales, deberán hacerse cargo de los costos que generan en materia de recursos, operativos de seguridad y daño social.

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